Economistas frente al conflicto agropecuario

Por Alejandro Rofman, Guillermo Wierzba y otros *

Sostenemos, como lo hicimos al inicio del actual conflicto, que las retenciones son una herramienta imprescindible para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos, para promover la distribución del ingreso y fomentar la diversificación productiva. Colaboran de manera decisiva en el control de la inflación, dando sustentabilidad de largo plazo a la política de tipo de cambio competitivo, sin afectar la producción del campo y promoviendo el desarrollo de otros sectores de la economía. Permiten desincentivar la actual tendencia a la excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, con sus efectos negativos sobre las restantes producciones agrícolas y el consecuente incremento de la vulnerabilidad del sector externo. Los derechos de exportación son así un instrumento irreemplazable para una política económica que propenda al desarrollo.
Como afirmábamos hace 100 días, las heterogéneas realidades en el agro no se resuelven con la eliminación de las retenciones móviles, sino a través de políticas específicas vinculadas con el acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas, la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización. Las acciones necesarias implican una mayor y mejor intervención pública y no la promoción de su ausencia.
El agro sigue disfrutando de una prosperidad notable, en particular en la Pampa Húmeda, epicentro de las protestas. Aun con la aplicación del actual esquema de retenciones móviles, la rentabilidad de la producción agraria en esta región continúa incrementándose, dada la extraordinaria elevación de los precios internacionales.
Los métodos de protesta de las cámaras empresarias agropecuarias, basados en la instalación de un clima destituyente del gobierno democrático, no sólo cuestionan la política económica en su conjunto, sino que vulneran los preceptos más básicos de convivencia democrática y las necesidades fundamentales de la sociedad. En el intento por preservar privilegios extraordinarios –fruto del esfuerzo colectivo para mantener un tipo de cambio competitivo y del alza de los precios internacionales– no han dudado en provocar el desabastecimiento, bloquear rutas, disminuir la actividad industrial y comercial y condicionar el actual debate parlamentario. Reivindicamos la necesidad de contar con herramientas de política económica que, como las retenciones móviles, permitan regular los desequilibrios del crecimiento y establecer un sendero de desarrollo de largo plazo. Vemos con gran preocupación que las actuales presiones sectoriales intenten condicionar la capacidad regulatoria futura del Estado en materia distributiva. Los economistas comprometidos con la democracia y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social apoyamos la aplicación de retenciones móviles, rechazamos las amenazas de un nuevo lockout e instamos a los empresarios agropecuarios a respetar las resoluciones que se tomen por parte del órgano que expresa la soberanía popular.

* Matías Kulfas – Benjamín Hopenhayn - Mario Rapoport – Alberto Müller – Paula Español - Norberto Crovetto - Héctor Valle – Alejandro Vanoli - Alfredo García - Horacio Rovelli - Alejandro Robba - Felisa Micelli – Natalia Fridman - María Agustina Briner - Mariano Borzel – Agustín Crivelli – Claudio Casparrino - Rodrigo López - Juan Manuel Vázquez Blanco - Verónica Devesa - Daniela Heredia - Federico Castelli - Andrés Asiain - Martín Burgos - Pablo García – Romina Kupelian – Alejandro Barrios – Natalia Guinsburg – Roberto Adaro – Juan José Fernández – Ernesto Mattos - Eduardo Pompei - Florencia Kohon - Martín Fiszbein - Hernán Herrera - Ramiro Manzanal - siguen las firmas

La paradoja del jiu-jitsu

Por Daniel Filmus *

En su libro Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación inglesa, Norberto Galasso relata una anécdota que le ocurrió al integrante de Forja sobre inicios de la década de los ’50. A pesar de que la situación a la que hace referencia Galasso sucedió hace casi medio siglo, es posible proponer que algunas de las características del actual proceso que vive nuestro país ameritan su recuerdo. En una esquina de Buenos Aires se encuentra casualmente Scalabrini con un amigo empresario que allá por la década infame había visto fracasar su fábrica por la competencia de Bunge y Born. Al amigo parecía haberle cambiado la suerte “casi no lo reconozco, vestía ropas de óptima calidad... se me ocurrió que desde lo alto de su evidente opulencia avizoraba con cierto ligerísimo menosprecio la constancia invariable de mi modestia”. Rápidamente el personaje en cuestión pasó a relatarle cómo a partir de los préstamos públicos que había obtenido, de la nueva situación económica y del mayor consumo, pero principalmente de su iniciativa personal y de su espíritu de empresa, había logrado un éxito formidable en la expansión de su emprendimiento. Sin embargo, en unos instantes la mirada positiva de la realidad dejó lugar a una perspectiva pesimista a partir de una dura crítica al gobierno y a sus políticas demagógicas para con los obreros. Particularmente criticó el artículo 40 de la nueva Constitución, al que consideró directamente un absurdo por el papel que le garantizaba al Estado en la conducción de la economía en función de alcanzar la justicia social.
En este punto Scalabrini, que había escuchado en absoluto silencio, consideró necesario intervenir. En primer lugar le dijo que “el día que caiga el artículo 40 junto con él caerá su fábrica o comenzarán a formarse las condiciones para que caiga. El día que terminen los privilegios que con toda justicia aseguran las leyes a sus obreros, terminarán también todos sus créditos y su opulencia, que están sostenidos por el mismo principio de unidad y a poco volverá usted a ser el humilde ‘rasca’ que fue siempre, a pesar de sus grandes condiciones personales ¿No ha comprendido todavía que su esfuerzo aislado vale menos que nada, frente a los poderes extranjeros que su actividad perjudica sin quererlo? El día que muera el artículo 40 caerá el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio). Ese día Bunge y Born resucitará con toda su potencia y junto con él todo el conglomerado de intereses concentrados en la voluntad de mantener a nuestro país en el estado larval de factoría agropecuaria”.
Ante la mirada absorta de su amigo, Scalabrini arremetió entonces con textos de Mariano Moreno en los que destaca el papel que le corresponde al Estado: obtener los recursos que le permitan favorecer el desarrollo de la industria, la agricultura, las artes y el ingenio para favorecer a todos quienes viven en este territorio sin necesidad de “buscar exteriormente nada de lo que se necesite para la conservación de sus habitantes”. Pero el empresario ya no quiso escuchar más y se dispuso a continuar su marcha. Scalabrini lo vio partir con cierta pena reflexionando que al distanciarse de lo que le estaba leyendo su amigo avanzaba hacia su propia perdición, como los navegantes que van hacia el canto de las sirenas.
En este diálogo, Scalabrini hace referencia a la técnica del jiu-jitsu. Se trata de un método de lucha japonés merced al cual el luchador vence a su adversario aprovechando la fuerza de éste. Realizando una pequeña palanca, desviando su potencia, o quitando el punto de apoyo, por ejemplo, vuelve el impulso contra quien lo efectuó.
Sin lugar a dudas, la historia mostró que Scalabrini tenía razón. La fuerza que su amigo empresario aplicó contra el papel activo del Estado, el mejoramiento de las condiciones de vida y los derechos que obtuvieron los trabajadores a partir del gobierno popular, se le volvió en contra. Terminó favoreciendo las condiciones que impidieron el fortalecimiento y expansión de las industrias nacionales. No sabemos si habrá sido víctima del invierno de Alsogaray en los ’60, de la apertura de los mercados de Martínez de Hoz de los ’70 o del más crudo neoliberalismo de las políticas de Cavallo en los ’90 y en los primeros años de este siglo, pero me animo a afirmar que su industria probablemente haya corrido la misma suerte negativa que la mayoría de las empresas nacionales y que las condiciones de vida de los trabajadores argentinos a partir de la creciente regresividad en la distribución del ingreso que vivió nuestro país a partir del golpe de Estado de 1955.
¿Por qué recordar esta vieja historia en estos agitados días? Porque corremos el riesgo de repetirla. En el contexto del actual conflicto agropecuario, hemos visto que no pocos sectores medios del campo y la ciudad han salido a plantear sus diferencias con el modelo implementado a partir del 2003 y, en algunos casos, a discutir la propia legitimidad del gobierno electo en diciembre del año pasado. Sin embargo, hace no más de 5 años muchos de ellos transitaban por una crisis que, como la del país, parecía terminal. La megadesocupación producto de las políticas neoliberales, la falta total de perspectiva de los productores agropecuarios y de las economías regionales, el corralito bancario, la recesión económica y la inestabilidad institucional fueron algunos de los procesos que les impedía imaginar un futuro de bienestar dentro de nuestras fronteras. El gobierno que asumió con el 22 por ciento de los votos en mayo de 2003 les permitió recuperar la perspectiva del crecimiento, el progreso, la justicia social y la movilidad social ascendente.
No cabe duda de que muchos de quienes hoy salen a protestar y a pesar de todo lo que queda aún por hacer, han sido algunos de los más beneficiados por las políticas que promovieron el crecimiento económico interno y la capacidad de generar trabajo a partir del impulso a la distribución del ingreso, al mercado interno y las exportaciones. También han visto recuperar una Corte Suprema de Justicia independiente, el fin de la impunidad a la violación de los derechos humanos, disminuir drásticamente la pobreza y crecer la inversión en áreas sustantivas como educación y salud.
Queda claro que haber sido beneficiarios de las políticas gubernamentales no impide de ninguna manera realizar críticas y proponer nuevas estrategias para solucionar las cosas que no funcionan bien y merecen ser mejoradas. Sin embargo, entre quienes salieron a exteriorizar su desacuerdo, se hicieron escuchar más fuerte las voces de los que se oponen al actual gobierno y quieren verlo derrotado por cualquier medio, que las voces que proponen un debate serio y de fondo sobre políticas agropecuarias y distributivas alternativas que nos permitan delinear una Argentina para todos.
Desde que ocurrió la anécdota de Scalabrini que Galasso recuerda en su libro, “la paradoja del jiu-jitsu” se ha repetido en distintas ocasiones en nuestro país. No fueron pocas las veces en que la fuerza de algunos sectores medios contribuye a echar abajo proyectos democráticos, nacionales y populares. Sin embargo, como en el caso de Sanson, esta fuerza nunca alcanzó para evitar que el “palacio” caiga sobre sus cabezas y acabe también con sus propios intereses y proyectos sectoriales. Los beneficiarios reales de estas crisis han sido siempre los mismos y las víctimas también. Entre estas últimas siempre encontramos a los sectores medios, que por su propia esencia sufren junto con el resto del pueblo los procesos de concentración de la riqueza. Como dolorosamente sabemos, la magnitud del derrumbe y la dificultad para la reconstrucción del país luego de cada uno de estos episodios, han sido cada vez mayores. Evitar que vuelva a ocurrir es la tarea del momento.

* Senador por la ciudad de Buenos Aires, Frente para la Victoria.

Esta nota fue publicado por el diario Página 12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/107138-33807-2008-07-03.html

La tristeza de los nuevos ricos

Por Alberto Müller *

Es difícil decir algo original, a esta altura, sobre el tema del conflicto entre ruralistas y Gobierno. Se han acumulado fundadas opiniones (en particular en este diario) que coinciden en destacar el relativo fundamento del reclamo y la inaceptable extorsión de las formas del reclamo. Pero también la forma negativa en que el Gobierno ha hecho política en estos años, lo que ha constituido el material explosivo subyacente que el conflicto ha detonado. Ahora que la fase aguda del enfrentamiento parece haber cedido, ante la instancia de la apertura del debate parlamentario, cabe ensayar alguna reflexión a más largo plazo.
Mucho se ha dicho acerca de la paradoja que representa un reclamo de esta envergadura y animosidad, por parte de un sector al que le ha ido más que bien a partir de la devaluación. La Nación, un medio claramente embanderado con el “campo”, ha destacado recientemente la impresionante valorización de los inmuebles urbanos de las localidades del interior pampeano. Hay datos concretos además acerca de cómo se han incrementado los valores de las tierras afectadas a la producción. Todo esto no se explica, sino por los suculentos excedentes rurales. Es importante descifrar este cuadro, porque revela nuevas actitudes políticas e incluso culturales que pesarán a futuro. Se trata de la presión que ejercen personas de situación económica acomodada y que se perciben a sí mismas como con capacidad y autoridad para ello.
Que grupos económicos con poder actúen extorsivamente no es nuevo. La expresión “golpe de mercado” fue acuñada por el periodismo financiero para hacer referencia al episodio hiperinflacionario de 1989, que en definitiva gatilló las tan ansiadas “reformas estructurales” noventistas. Ahora no es el sistema financiero. Ahora es el “campo” el que actúa de esta forma, blindado por los recursos que los precios internacionales y la política de tipo de cambio alto le brindaron. Es el reclamo de personas que se sienten ricas, que viven la burbuja sojera y que quizá temen que termine como todas las burbujas. Es el reclamo del poderoso –y no del marginado– frente al Estado. Es la tristeza de los nuevos ricos. No es otra cosa lo que puede explicar la hasta ahora impensable alianza de la Federación Agraria con los sectores más concentrados de la propiedad de la tierra.
Pero además el trasfondo político y cultural es peculiar, y merece ser analizado, para diferenciarlo de episodios donde las finanzas estaban en el primer plano. El clamor se asocia con antiguos mitos autóctonos, tales como aquel de que la auténtica Argentina es la que reside en el interior; no lo es una ciudad portuaria, que otea siempre hacia ultramar. El mito se completa con la idea de que es el interior rural el depositario de la verdadera riqueza argentina, rapiñada por ociosos habitantes urbanos.
Esta dualidad permanece en la conciencia social más allá de que los hechos evidencien realidades bastante más ricas, que no se prestan a maniqueísmos. El campo no lo es todo en la Argentina: su producto bruto es la mitad del producto industrial. Un cálculo que ha circulado y que sostiene que el campo y la actividad conexa representa el 40 por ciento del empleo total no es más que un sofisma: contabiliza por ejemplo las panaderías como parte indisoluble de la agroindustria, siendo que ellas existen también en Hong Kong, por ejemplo, donde seguramente no hay producción agrícola. Por otro lado, la industria no vinculada al agro ha duplicado sus exportaciones desde los ’90, representando hoy día más del 30 por ciento de lo vendido al exterior. La industria, además, dista de ser un fenómeno metropolitano: se ha expandido más allá de los límites de la región pampeana. La Argentina es hoy un país cuya actividad productiva se funda en una combinación de recursos naturales, capacidad manufacturera y desarrollo de determinados servicios. Una combinación característica, por lo demás, de cualquier economía medianamente desarrollada, que inevitablemente se torna compleja. Y en el caso argentino, una economía que requiere un tipo de cambio diferencial.
Ningún movimiento político trascendente fue capaz de apuntar a una superación de este esquematismo cultural porque su rentabilidad electoral es elevada, sobre todo cuando el desempeño de los gobiernos provinciales suele ser medido en términos de cuántos recursos le extraen a la Nación.
En definitiva, pagamos con este conflicto las consecuencias del enriquecimiento de un estrato social que en los ’90 mayormente cortaba clavos y que ahora vive bien; de rentas, en más de un caso, sin involucrarse en el proceso productivo. Pero pagamos también las consecuencias de una práctica política que ha fragmentado y que no ha sido capaz de aglutinar en torno de un proyecto común una sociedad territorialmente diversa y con una mitología particular a cuestas. Y desde ya pagamos también las consecuencias de un gobierno que no ha percibido la necesidad de ampliar un espacio de consenso no cooptado.
La pregunta es qué hacer. Los problemas estructurales tienen la mala costumbre de estallar como crisis agudas, donde lo urgente supera lo importante. Y ninguna crisis es de administración fácil, sobre todo cuando la autoridad del Estado es puesta en duda. Se necesitará razón, temple y paciencia, sobre todo por parte del Estado. Todo ello aun cuando el costo pueda ser la erosión coyuntural del apoyo de la opinión y aun del nivel de actividad, que inevitablemente se resentirá si este cuadro persiste. En definitiva, cualquier persona razonable sabe que una sociedad no puede funcionar con individuos que deciden a su albedrío quién puede circular y quién no. Hasta ahora, el Gobierno ha sido el único que ha revisado su posición, introduciendo modificaciones acertadas a la normativa original sobre retenciones. Lo razonable sería que esto ocurriera lo más pronto posible. Pero los colectivos sociales no son necesariamente razonables. Los caceroleros pudientes que muestran cacerolas supuestamente vacías, vacías por la acción de los mismos ruralistas que ellos apoyan, son una buena demostración.

* Profesor FCEUBA

LA transformación del modelo rural

Por Nicolás Arceo y Mariana González

En el conflicto con “el campo”, buena parte de la discusión giró en torno de unos pocos datos fragmentarios acerca de la actual situación del ámbito agropecuario, que cada uno de los sectores
en pugna empleaba para convencer al público acerca de la justicia de su propia posición. Entre tantas opiniones e informaciones encontradas resultó difícil formarse una imagen precisa acerca
de la posición que ocupa el agro en la producción, en el empleo, en la generación de valor agregado y en las exportaciones.

Un primer punto llamativo acerca de la presunta importancia económica del campo, es que sólo aporta en la actualidad el 8,4% del valor agregado generado en la economía. Es más, el crecimiento de la producción del sector ascendió sólo al 3% del aumento total del PBI en los últimos cinco años. Tampoco su peso en el empleo es muy significativo: incluso si se incluye a los ocupados en las industrias de alimentos, sólo el 11,4% de los puestos de trabajo corresponden al sector (1). En cambio, como a lo largo de toda la historia argentina, de las actividades agropecuarias proviene la mayor parte de las divisas de que dispone el país: su participación en las exportaciones asciende al 57,4% del total, considerando tanto las correspondientes a productos primarios como las de las manufacturas de origen agropecuario. Y, por otra parte, se trata del mayor oferente de bienes de consumo de los trabajadores (bienes-salario) de la economía argentina. Los alimentos y bebidas constituyen el 31,3% de la canasta de consumo de la población y un porcentaje aún mayor para los hogares más pobres (46,6% en el primer quintil de
ingresos). Las variaciones en sus precios tienen, por lo tanto, una influencia fundamental en la evolución de los salarios reales.

Podría decirse que la posición del agro dentro de la economía nacional está signada por un marcado contraste: de una parte, su peso dentro de la producción y el empleo global del país no es, en comparación con otros sectores, demasiado significativo. Pero por otro lado, el campo concentra dos recursos clave para la economía nacional: provee buena parte de las divisas y de los alimentos para su población.

Para comprender la lógica de funcionamiento del sector en la actualidad se hace necesario retroceder en el tiempo, ya que su configuración vigente responde al resultado de las transformaciones acontecidas en el conjunto de la economía argentina en las últimas tres décadas.

(...)

El cuadro en la zona pampeana, que constituye el núcleo de la producción agropecuaria nacional y explica el 87,5% de la oferta de cereales y oleaginosas, no parece digno de grandes reclamos. Independizados del ciclo económico, los productores experimentaron durante la crisis una situación de riqueza en medio de la miseria, que se potenció en los años siguientes. La rentabilidad creció de manera espectacular. En términos patrimoniales, el valor de su activo (la tierra) multiplicó su precio en dólares. Muchos pequeños propietarios abandonaron la producción para arrendar su campo y vivir de rentas. Mientras tanto, el proceso de sojización extendió la frontera agropecuaria hasta alcanzar zonas insospechadas.

En el contexto de expansión de la producción agropecuaria y de elevados niveles de rentabilidad del período post-devaluación, resulta llamativa la importancia que alcanzó el lock-out llevado adelante por las distintas organizaciones que representan a la burguesía agraria en nuestro país. Mirando más detenidamente la cuestión, resulta que la discusión no gira centralmente ya en torno al nivel de retenciones aplicado, sino que cuestiona de forma mucho más general la apropiación directa de parte del excedente agropecuario por parte del Estado –a través de la recaudación de las retenciones– y en forma indirecta por parte de la sociedad –a través del menor precio de los alimentos–. El conflicto evidencia también algunos elementos que parecen no haber sido tenidos en cuenta por las autoridades en la aplicación de las últimas medidas. El sector
agropecuario presenta distintas realidades como consecuencia de las diferencias regionales y, principalmente, de las escalas de producción. Incluso el actual modelo tiende a fragmentar aún más las condiciones del agro, concentrando fuertemente la producción (y también la propiedad) y desplazando algunos cultivos hacia zonas marginales cuya rentabilidad es mucho menor, aunque, no hay que olvidarlo, antes fuera nula o negativa. Estos contrastes se han profundizado en los últimos años como consecuencia de la expansión de la agricultura extensiva.

El lock-out patronal ha demostrado que el sostenimiento de una moneda devaluada y la aplicación de retenciones a las exportaciones no constituyen por sí solas una política de desarrollo agropecuario. Más allá de estas medidas, sigue vigente la total desregulación del sector iniciada en la década de 1990 y siguen ausentes las medidas específicas de promoción. Es necesario elaborar un plan que permita revertir, o al menos mitigar, las fuertes asimetrías presentes entre los productores, para lograr un desarrollo integrado del campo y evitar la carencia de oferta de ciertos cultivos desplazados por la soja o por su exportación.

Los menores márgenes de rentabilidad de los medianos y pequeños agricultores no se superan a través de la implementación de retenciones diferenciadas según la escala de producción, que además son de dudosa aplicabilidad. Sólo puede ser efectivo el establecimiento de políticas específicas hacia ese conjunto de actores económicos y que tiendan a elevar su productividad.

Claro que no se trata de una solución inmediata, y en medio de una confrontación tan áspera como la actual su efectividad puede considerarse demasiado lejana.

La nota fue publicada por Le Monde Diplomatique de mayo 2008. Para leer el artículo completo ingrese a:

http://cenda.org.ar/files/LE%20MONDE%20107%20ARCEO%20GONZALEZ.pdf

Lágrimas de cocodrilo en el campo

Por Fernando Krakowiak

Dicen que su rentabilidad está en riesgo y lo repiten cada vez que tienen la oportunidad. Su discurso apunta a reforzar el imaginario del chacarero que trabaja de sol a sol para ganarse el pan con el sudor de su frente. Por eso se comparan con los campesinos que protagonizaron el Grito de Alcorta, a principios del siglo XX, y cada vez que realizan una manifestación sacan a relucir los tractores viejos que adornan sus chacras. Sin embargo, los empresarios que durante los últimos tres meses cortaron rutas no defienden su supervivencia como actor económico sino una renta extraordinaria que queda en evidencia en la cotización record de los granos y el espectacular precio de sus campos. El debate parlamentario sobre las retenciones es una buena excusa para repasar esos números que siguieron mejorando durante el conflicto.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, el viernes pasado la tonelada de soja, una vez descontadas las retenciones y los gastos de exportación, cotizó en los puertos argentinos a 972 pesos. El 28 de diciembre, en cambio, el precio era de 926 pesos. Eso significa que, pese al aumento de las retenciones, el productor recibe hoy un 5 por ciento más que a fin de año. Si se compara con principios de octubre, cuando los empresarios tomaron la decisión de invertir en la nueva campaña, la suba es del 16 por ciento (de 837 a 972 pesos). En el caso del girasol, la situación es similar: en diciembre del año pasado, el precio de la tonelada, una vez descontadas las retenciones, era de 1142 pesos y el viernes cerró a 1252 pesos (9,6 por ciento).

Como las estadísticas dejan en evidencia que, pese al aumento de las retenciones, los ingresos del complejo agroindustrial siguieron mejorando, las entidades que representan a los productores dicen que el problema es la suba de los costos (semillas, fertilizantes, etc.), los cuales supuestamente horadaron la rentabilidad del sector. Sin embargo, según cifras de la Compañía Argentina de Tierras, la inmobiliaria más grande del país dedicada al sector agropecuario, el valor de los campos siguió subiendo en los primeros cinco meses del año. Ese dato contradice el argumento de los dirigentes del agro, pues si el precio de la tierra aumentó es porque la demanda creció y si la demanda creció es porque la rentabilidad actual y la proyectada son muy tentadoras

(…)

Durante las últimas semanas, algunos analistas plantearon, por ingenuidad o conveniencia, que la disputa que está llevando adelante el Gobierno no se justifica si se toma en cuenta que con este aumento de las retenciones “apenas” tenían previsto recaudar 1500 millones de dólares adicionales. Sin embargo, lo que está en juego no sólo es la renta extraordinaria de este año sino la que se espera para las próximas cosechas. La demanda creciente de granos para alimentos y combustibles, potenciada por la especulación financiera global, hace prever un escenario de expansión sólo comparable con lo ocurrido entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, en marzo parecía ciencia ficción que la tonelada de soja llegara a cotizar a 600 dólares en el mercado internacional y ahora está a punto de alcanzar esa marca. Esta semana los diputados no van a discutir el futuro de los pequeños y medianos agricultores, por los cuales ahora todos parecen preocuparse, sino el derecho del Estado para apropiarse de esa renta extraordinaria en nombre del conjunto de la sociedad.

La nota fue publicada por el diario Página 12 el día 30 de junio de 2008. Para leer el artículo completo:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-106956-2008-06-30.html

Por qué piden la suspensión

Por Alfredo Zaiat


En estos días de reclamos del sector privilegiado del campo que confunde y oculta frente a un coro de cabezas mediáticas que asiente podría abrir las puertas a otras demandas. La Mesa de Enlace & cía. demanda la suspensión de la aplicación de las retenciones móviles. Entonces, por caso, los industriales estarían en condiciones de pedir al Gobierno la suspensión del pago del Impuesto a las Ganancias. El argumento sería que si tienen que abonar el tributo como corresponde no estarían dadas las condiciones para invertir, además de que la alícuota del 35 por ciento es confiscatoria porque supera el 33 por ciento, como se repite en estos días para desinformar. Las rentabilidades fabulosas de los últimos cinco años de la industria han sido simplemente una lectura equivocada de aquellos que no quieren el progreso del país.

También todas las empresas del país pueden exigir la suspensión del aumento promedio del 20 por ciento para los trabajadores formales acordado con los gremios para este año. Aquí la idea fuerza puede ser que no es oportuno ese ajuste porque no permite el desarrollo del sector privado en un momento de turbulencia política. Los salarios que recién han recuperado lo perdido por la megadevaluación pueden esperar teniendo en cuenta que para el capital nunca es suficiente la acumulación.

Los bancos pueden sumarse y exigir la suspensión de los aún impagos amparos a ahorristas atrapados en el corralito porque todavía el sistema está en proceso de consolidación. Las ganancias que están registrando es un espejismo de aquellos que piensan que las entidades financieras están pasando por un buen momento.

El campo sojero, acompañado de intendentes sojeros y diputados sojeros, pide la suspensión de la resolución que dispuso el aumento y la movilidad de los Derechos de Exportación. Si no fuera que se sabe que en el juego político cada una de las partes va mostrando sus cartas en el momento que considera oportuno para conseguir la mayor ventaja, esa propuesta ni sería tomada en cuenta. O, en todo caso, habría que descubrir su intención: los 180 días de suspensión son el tiempo óptimo para exportar toda la soja acumulada al extraordinario precio de 600 dólares que alcanzó ayer en el mercado internacional.


La nota fue publicada por el diario Página 12 el día 2 de julio de 2008.

El grito de Figueroa Alcorta

Por Matías Kulfas

Caída la noche del 25 de marzo, la avenida Figueroa Alcorta comenzó a poblarse de personas y cacerolas. Integrantes de familias acomodadas, vecinos de Recoleta y Barrio Parque salieron a la calle esta vez ya no para reclamar por la porción de sus ahorros amasados durante la convertibilidad que parecían esfumárseles de las manos (cosa que finalmente no ocurrió), sino para protestar en solidaridad con “el campo”. Los reclamos se mezclaban. Algunos protestaban contra la inseguridad. Otros contra los “modales” del hecho maldito del país burgués, tal como John William Cooke gustaba definir al peronismo.

Los más osados tuvieron la ocurrencia de comparar este grito de Figueroa Alcorta con aquella huelga agraria de 1912 que la historia bautizara como “Grito de Alcorta”. Un nuevo desatino. El grito de Alcorta, así conocido por el pronunciamiento realizado por los agricultores en la localidad de Alcorta, en el sur santafesino, fue una protesta de los pequeños agricultores arrendatarios contra las condiciones que les imponían los propietarios de las tierras. Aun en épocas de bonanza y buenas cosechas, estos pequeños agricultores apenas juntaban las monedas necesarias para vivir.

La situación actual es diferente. Un rasgo distintivo que caracteriza al nuevo modelo productivo que se inicia en 2003 es su carácter inclusivo. Las grandes empresas han obtenido fuertes tasas de rentabilidad, pero también las pymes se recuperaron vigorosamente y obtuvieron tasas de ganancia tres veces más elevadas que en los años de mayor crecimiento de los ’90. En el campo se ha vivido una prosperidad que no se veía desde hace mucho tiempo. Una vez más, los grandes productores obtuvieron rentabilidades extraordinarias, pero los pequeños y medianos fueron y son partícipes de esa prosperidad. Seguramente habrá situaciones que atender y analizar, fundamentalmente entre los pequeños productores de la periferia de la Pampa Húmeda, pero si no se parte de esta realidad el reclamo pierde legitimidad y sólo contribuye a afianzar la posición de privilegio de algunos dirigentes agrarios que piensan en un país para pocos como mero anexo del mercado mundial de alimentos.

Muchos de estos dirigentes piensan que las épocas de bonanza se basan en sus propios méritos empresarios, mientras que las fases de crisis son culpa del gobierno de turno. Pero vale la pena recordar que la actual estructura de rentabilidades no es un hecho natural o divino. Es el resultado de la implementación de una política macroeconómica que garantiza un tipo de cambio competitivo que estimula el desarrollo de los sectores productivos en su conjunto.
El sector agropecuario obtiene una elevada rentabilidad que resulta de un tipo de cambio efectivo (tipo de cambio nominal menos retenciones) más elevado que en situación “de equilibrio”, a la vez que el sector industrial tiene incentivos para exportar, sustituir importaciones y una protección ante la competencia externa. Hace pocos años en la Argentina cerraban 15 mil empresas por año y muchísimos pequeños productores agrarios estaban quebrados. Hoy el agro, la industria y los servicios crecen vigorosamente.

Las retenciones distan de ser una mera herramienta recaudatoria para jugar un papel central en la política económica. En primer lugar, porque garantizan el crecimiento de la producción en su conjunto sin que la expansión agropecuaria se traslade automáticamente al precio de los alimentos que se consumen en el mercado interno. En segundo lugar, porque no atentan contra la rentabilidad del agro. Los márgenes brutos por hectárea son en la actualidad, y aun con el nuevo esquema de retenciones, un 300 por ciento más altos que durante la convertibilidad, como lo han demostrado los cálculos de Nicolás Arceo y Javier Rodríguez. En tercer lugar, y tal vez el más importante, porque de lo que se trata es de articular una estrategia que permita asociar al campo y la industria en una estrategia de desarrollo. Y, fundamentalmente, que el desarrollo de uno estimule al del otro y viceversa (el ejemplo más claro es la maquinaria agrícola, pero también la biotecnología, el software, entre muchas otras).

Finalmente, cabe señalar que es incorrecto decir que las retenciones son distorsivas porque son un impuesto a las ganancias generadas por la política de sostenimiento del tipo de cambio. Desde el punto de vista del sector agrario, el tipo de cambio nominal sin la mencionada política resultaría más bajo que el tipo de cambio efectivo que vienen percibiendo estos años.

Se trata, en definitiva, de construir sociedad incluyente, donde el campo pueda crecer y dar cuantiosas ganancias como en estos últimos años pero en armonía con el proceso de reindustrialización, la recuperación del empleo y el salario y la inclusión social.

Esta nota fue publicada en el Diario Página 12 el día 28 de marzo de 2008
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101453-2008-03-28.html